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PROPUESTA PARA RECONOCER EL EMBARAZO ADOLESCENTE FORZADO

Las instituciones estatales que atienden las situaciones de embarazo adolescente deben incorporar el concepto del embarazo forzado, que es una definición específica y muy diferente al genérico “embarazo no deseado”, sostiene una ponencia presentada al IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia que se realizó en Córdoba.

El embarazo forzado, dicen Albana Cruseño y Melisa Romano, del Programa de Prevención y Atención al Maltrato a las Infancias y Adolescencias de Mendoza, es consecuencia de violación y abuso sexual, a menudo perpetrados en ámbitos familiares.

Con la experiencia acopiada en sus funciones, remiten a la especialista Eva Giberti, cuando advierte que “las diversas formas de abuso perpetradas por sujetos ajenos al vínculo filial de la niña con su padre no son comparables con la violación que ejerce el padre contra la hija niña”.

El trabajo advierte también sobre la gravedad especial que representa que la agresión sea cometida por adultos a cargo de cuidado y protección, porque produce un arrasamiento psíquico de las víctimas.

“Cuando de las situaciones de violencia sexual incestuosa emerge un embarazo forzado, se pone en evidencia la consecuencia más nefasta de la vulneración de derechos”, advierten.

Por eso es necesario, insisten, diferenciar conceptualmente y en las prácticas institucionales el embarazo forzado de los enunciados embarazo adolescente o no intencional, porque estos últimos no llaman la atención sobre la violencia sexual.

Citan luego datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud de la Nación, según los cuales en Argentina hubo 1.938 niñas de menos de 15 años que dieron a luz durante 2019.

Además de los riesgos físicos que un embarazo y parto representan para una adolescente, hay que tomar en cuenta el impacto emocional de la violencia, la culpa y el silenciamiento. Asimismo, agregan, se observan situaciones de “ambivalencia afectiva hacia la figura agresora”, con casos de “idealización, bajo una modalidad de enclipsamiento o hechizo que se presenta como pseudoenamoramiento”.

Todo esto requiere una sensibilización específica de profesionales e instituciones que atienden a las adolescentes, más prácticas acordes a la complejidad de la situación.

Las ponencias admitidas y difundidas en el Congreso Mundial fueron aprobadas por un comité académico que encabezaron la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, y el catedrático español Carlos Villagrasa.

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